Por: Magda Isabel Quintero Pérez
Docente Programa de Derecho

El Estado Social del Derecho se estructura en la defensa de la persona y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado, por lo cual, los medios de protección de los derechos de las personas y las formas de restricción y castigo a su violación, debe sujetarse a los principios de ponderación y proporcionalidad que mejor correspondan con la Constitución y que permitan evidenciar la efectividad de dichas medidas interpretadas desde una perspectiva social, lo cual exige que en la práctica respondan a criterios de necesidad, validez y corrección.1

La trasgresión de la vida y la integridad personal mediante la comisión de conductas penal y socialmente inconcebibles e injustificables (delitos execrables), generan una reacción social, que permite retomar ciertas discusiones con relación a la implementación de penas más represivas y limitantes de la libertad. El debate sobre la implementación de la pena de muerte o la cadena perpetua frente a delitos netamente inhumanos, requiere ser visto desde una perspectiva más humanista del derecho, orientado hacia el respecto de la dignidad humana, con base en un modelo de Estado Social y democrático. Si bien, la conciencia del derecho, que le es congénita al hombre, así como la idea de que cuando un individuo viola el derecho de su semejante, debe ser sujeto de un castigo, es una reacción que se ha manifestado de una manera continua y perenne en todos los tiempos, dicha conciencia debe ser estructurada con base en los cambios culturales y sociales. En consecuencia, discutir actualmente sobre la aplicación de la pena de muerte, es retrotraer la aplicación del derecho a una forma de justicia primitiva instaurada por Hammurabo en la antigua Mesopotamia, que se simplifica en el enunciado “ojo por ojo diente por diente”, lo que se traduce en una forma incorrecta de hacer justicia pues parte del supuesto de infalibilidad del Estado como encargado de administrar justicia, lo que no resiste mayor análisis.

En el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, encabezado por la Constitución Política e integrado por el conjunto de tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en los cuales se eleva a la máxima potencia la defensa de la dignidad humana en todo caso y ante toda circunstancia, se hace jurídicamente inconducente la implantación de la pena de muerte o de la cadena perpetua. En efecto, de acuerdo a dicha normatividad, los estados en los cuales no exista la pena de muerte al momento de la suscripción de dicho tratado no podrán imponerla, en consecuencia no habrá dicha sanción en nuestro ordenamiento. En cuanto a la cadena perpetua, debe recordarse que el fin primordial de la privación de la libertad es la resocialización y readaptación social del condenado, y sin lugar a género de dudas, la cadena perpetua es ajena a dicho fin.

Bien es sabido que no existe principio alguno del cual no puedan abusar las pasiones humanas, y este peligro es a todas luces más grave cuando se trata de un principio que no tiene en sí mismo sus propios límites. La aplicación de penas como la pena de muerte y la cadena perpetua, más que a criterios de reproche social, debe atender a criterios de eficacia social.2 Los derechos deben ser defendidos impersonalmente, tanto desde el punto de vista de la víctima como desde el punto de vista del autor de la conducta punible. De esta manera, combatir crímenes tan execrables como en el caso del homicidio o abuso de niños, si bien se trata de la pretensión de protección de bienes jurídicos del mas alto nivel, la aplicación de la pena de muerte o de la cadena perpetua no puede ser una respuesta racional dirigida a erradicar dichos males. Si se analizan los sistemas jurídicos extranjeros en donde se aplican dichas medidas, no se vislumbran respuestas que indiquen la disminución de los índices de delincuencia. Dichas medidas ciertamente persuaden al individuo de la posibilidad de ser detenido, investigado y castigado, de una manera más fuerte pero en ningún momento se dirige a la consecución de un fin más eficaz que el de las penas restrictivas de la libertad que de ordinario se aplican en nuestro sistema.

De todo lo anterior puede observarse que la implantación de dichas penas, es un despropósito, ajeno a los principios de humanidad y utilidad de la pena, y solo busca victimizar al autor del delito por parte de los propios agentes del Estado como prueba los silenciosos y escasos esfuerzos realizados para orientar y educar a la sociedad en la prevención de la comisión de conductas punibles atroces. En este sentido, si lo que se busca es hacer mas intensa la sanción aplicable a los autores de delitos atroces, el sistema penal colombiano cuenta con penas evidentemente altas que podrían ser aplicadas en su máximo límite a dichos individuos y además podría pensarse en la posibilidad de negarles cualquier tipo de redención en el cumplimiento de la misma. No debe olvidarse además, que la aplicación de las normas penales a los casos particulares se encuentra en manos de los funcionarios judiciales que en el ejercicio de su labor realizan no solo un razonamiento jurídico, sino también un razonamiento moral fundamentado en la primacía de los derechos mas allá de los objetivos políticos y sociales, con base en el cual, no puede concebirse que una persona en su función de administrar justicia dentro de un Estado Social de derecho, pueda estar facultada para disponer de la vida de otra persona o de la privación absoluta de su libertad. En conclusión, la pena de muerte y la cadena perpetua no es la solución jurídica válida, ni eficaz para la protección de las víctimas de delitos execrables, ni para la prevención de su comisión y mucho menos para el cumplimiento de los fines de la pena, lo cual contrasta de manera negativa con los postulados constitucionales que buscan garantizar el respecto de la dignidad humana.

• 1 ARANGO, Rodolfo, Hay respuestas correctas en el derecho. Ediciones Uniandes 2004
• 2 CARRARA, Francesco, Programa de derecho criminal, parte general. Temis. 1979